La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció los abusos cometidos en la U11 durante su intento de visita a los presos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villaroel. La denuncia será elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International y Human Rights Watch.
En el marco de las actividades realizadas por la presentación del libro “Represión en democracia. De la ‘primavera alfonsinista’ al ‘gobierno de los derechos humanos’” de María del Carmen Verdú, integrantes de la CORREPI denuncian una gravísima situación que, simultáneamente, ha violado los derechos y garantías de dos personas privadas de su libertad, y ha impedido el libre ejercicio profesional de quienes suscriben la denuncia, las abogadas María Teresa Larramendy y María del Carmen Verdú, y el abogado Ismael Jalil.
Por pedido de Eduardo Soares, abogado defensor de los detenidos, el lunes integrantes de la CORREPI se hicieron presentes en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Neuquén con el fin de entrevistar a los presos Fuentevilla y Villarroel. El objetivo de la visita era interiorizarse de la situación de los detenidos, en su condición de presos políticos, especialmente en relación a las denuncias que los mismos formulan sobre el indebido agravamiento de su detención, y las habituales dificultades que encuentran los organismos de derechos humanos nacionales y provinciales para acceder a verlos.
Luego del relato pormenorizado del accionar del personal de la unidad de detención que impidió su acceso, Ismael Jalil concluye que “la violación de los derechos humanos en Neuquén es feroz”.
“La situación vivida ha sido realmente insusitada para tres letrados que hace dos décadas recorren penales y comisarias de todo el país asistiendo presos políticos y que son ampliamente conocidos, así como la organización a la que pertenecen, por su activismo”, detalla la denuncia realizada que se presentará ante varios Colegios de Abogados del país, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International y Human Rights Watch.
“Jamás en ninguna jurisdicción nacional o provincial, hemos visto violentado de tal manera nuestro derecho a entrevistar a un detenido, situación que no exige requisito alguno, fuera de acreditar la identidad y la condición de abogado. En ningún penal ni comisaría del país es requerido que un profesional del derecho sea previamente designado como defensor de un detenido para poder entrevistarlo por primera vez, lo que, además, implicaría el absurdo de privarlo de toda representació n legal o ampliación de la misma”, continúa la denuncia.
El escrito resalta “cuánto más grave es la situación al tratarse de dos detenidos que son caracterizados como presos políticos por las organizaciones populares locales y nacionales, extranjeros, por añadidura, lo que imposibilita el contacto frecuente con sus personas de confianza, y que vienen denunciando el agravamiento de sus condiciones de detención”.
Exigen al Colegio Profesional que investigue lo sucedido y garantice su no repetición en defensa del derecho violentado a los detenidos y a los profesionales. En este sentido, solicitan que se apliquen sanciones penales y administrativas para los funcionarios involucrados: quien dijo ser el jefe de requisa y máxima autoridad de la U11, Fredy Rivera, y la funcionaria judicial por él mencionada la Dra. Tissot, de la Cámara Federal de Zapala, entre otros responsables.
http://www.8300.com.ar/2009/07/28/la-violacion-de-los-derechos-humanos-en-neuquen-es-feroz/
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